Por Federico La Mont Campos
Proceso: El método de encuestas para definir las 17 coordinaciones estatales de defensa de la transformación enfrenta su prueba técnica y política más compleja en la aplicación del criterio de paridad sustantiva. Más allá del levantamiento demoscópico tradicional que mide conocimiento, honestidad, cercanía y preferencia efectiva, el resultado final no dependerá de quién obtenga el puntaje bruto más alto en cada entidad, sino de un mecanismo de ajuste de género transversal. Este modelo establece que la Comisión Nacional de Elecciones procesará simultáneamente los resultados de los 17 estados para ordenar a las mujeres más competitivas y determinar en qué plazas se aplicará la regla de equidad. En los casos donde un perfil masculino resulte ganador en el sondeo local pero la cuota nacional exija postular a una mujer, la designación recaerá de manera directa en la mujer mejor posicionada de esa entidad. La encuesta deja de ser un certamen aislado por estado y se convierte en un tablero nacional donde la competitividad relativa de cada aspirante femenina define los ajustes obligatorios mandatados por la ley y la jurisprudencia electoral. La distribución del mapa electoral en nueve coordinadoras y ocho coordinadores se estructurará a partir de bloques de competitividad para evitar que las mujeres sean enviadas a plazas de alta adversidad. Las 17 entidades en disputa se dividen en tres bloques: alta, media y baja rentabilidad electoral para el movimiento de la Cuarta Transformación. En los estados donde el oficialismo parte con amplia ventaja como Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí se concentra la mayor presión para garantizar postulaciones femeninas con viabilidad de triunfo inminente. Por otro lado, en entidades históricamente complejas o bajo control de la oposición, como Querétaro y Chihuahua, la asignación de género obedecerá tanto al nivel de arraigo de las figuras locales como a la paridad equilibrada dentro del bloque de menor votación histórica. La fórmula 9-8 obliga a la dirigencia a blindar plazas estratégicas como Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes con perfiles que no solo cumplan el requisito normativo, sino que aseguren la gobernabilidad y la cohesión interna frente a las aspiraciones de los liderazgos regionales.
Mensaje: Desde la cúpula partidista, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la secretaria de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, trazaron una narrativa centrada en la disciplina ética, la legalidad y la unidad territorial. Montiel insiste en que el proceso no tolerará desviaciones estatutarias ni intentos de ruptura, subrayando que la paridad no es una concesión negociable sino un principio fundacional que se respetará sin importar los intereses de grupos de poder locales o vínculos de parentesco. Por su parte, Hernández remarcó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad y la responsabilidad de velar por la integridad metodológica del proceso, asegurando que las alianzas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se alineen con los mismos estándares de género y rentabilidad. Ambas dirigentes sostienen que la designación paritaria de las 17 coordinaciones fortalecerá la estructura organizativa rumbo a la contienda y enviará un mensaje de certidumbre institucional donde la encuesta y la equidad conviven como reglas definitivas e inapelables.
