CDMX — La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, cuyo dictamen contempla autorizar al Gobierno federal hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento neto interno y de 13 mil 500 millones de dólares neto externo, entre críticas de la oposición por el costo de las obligaciones financieras y su impacto sobre los recursos disponibles para servicios públicos e infraestructura.

El proyecto obtuvo 331 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, con el respaldo de Morena y sus aliados, además de los diputados de Movimiento Ciudadano Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera. Tras la votación, comenzó la discusión de los artículos reservados.

El techo de endeudamiento interno es 80 mil millones de pesos menor al autorizado para 2026, cuando ascendió a 1.78 billones, una reducción nominal de aproximadamente 4.5 por ciento.

Sin embargo, un límite menor no significa que el saldo total de la deuda disminuya. El endeudamiento neto corresponde a la diferencia entre el financiamiento contratado y las amortizaciones de capital durante el periodo; por tanto, el proyecto permite adquirir obligaciones adicionales.

San Lázaro mantuvo, en la aprobación en lo general, los límites de endeudamiento solicitados por el Ejecutivo para 2027: hasta 1.7 billones de pesos internos y 13 mil 500 millones de dólares externos.

La propuesta estima ingresos totales por 10.6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 6.26 billones provendrían de impuestos. La mayoría legislativa defendió el fortalecimiento de la recaudación, mientras que la oposición concentró sus cuestionamientos en el destino de los préstamos y el costo de atender la deuda.

Las previsiones del Paquete Económico contemplan alrededor de 1.6 billones de pesos para intereses, comisiones y otros gastos financieros, equivalentes a cerca de cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En contraste, la inversión física presupuestaria representaría 2.6 puntos porcentuales.

La relación entre ambas proporciones implica que, por cada 100 pesos previstos para inversión física, se destinarían alrededor de 150 pesos al costo financiero de la deuda. Se trata de proyecciones de gasto que deberán examinarse durante la discusión del Presupuesto de Egresos.

Desde el PRI, Jericó Abramo Masso acusó que el Gobierno recurre a nuevos préstamos para cubrir intereses y gastos recurrentes, en lugar de impulsar proyectos que amplíen la infraestructura del país.

El legislador sostuvo que la deuda puede ser una herramienta para financiar inversiones productivas, pero cuestionó que su costo reduzca el margen para atender necesidades de salud, educación y obra pública.

Por su parte, el panista José Guillermo Anaya Llamas también criticó el manejo de las finanzas públicas y señaló que persisten carencias en servicios esenciales mientras el Gobierno plantea contratar financiamiento adicional.

Por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo demandó vincular el endeudamiento con inversión productiva y establecer mecanismos que permitan identificar los proyectos financiados, sus responsables y los plazos de ejecución.

Los cuestionamientos coincidieron con las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes han solicitado mejores condiciones laborales, medicamentos, insumos y contratación de personal.

En contraste, Morena y sus aliados defendieron que el dictamen busca fortalecer los ingresos públicos mediante una mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal, sin aumentar las tasas generales de los impuestos.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, reconoció que los ingresos previstos no serán suficientes para cubrir todas las necesidades del país, pero respaldó el proyecto y rechazó que el endeudamiento planteado sea irresponsable.

El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, señaló que las demandas de los trabajadores del IMSS deberán plantearse durante la discusión del Presupuesto de Egresos, etapa en la que se definirán las asignaciones de recursos.

La Ley de Ingresos establece las fuentes de financiamiento y los límites de endeudamiento, mientras el Presupuesto de Egresos determina el destino del gasto público. Al cierre de esta edición, seguía pendiente la conclusión de la discusión en lo particular. Una vez completado ese trámite, el proyecto deberá pasar al Senado para continuar el proceso legislativo.

Principales datos del proyecto:

Ingresos totales: 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos.

Ingresos tributarios: 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos.

Recaudación federal participable: 5 billones 722 mil 752 millones de pesos.

Precio estimado del petróleo: 61.8 dólares por barril.

Tipo de cambio promedio previsto: 17.9 pesos por dólar.

Crecimiento del PIB: Entre 1.5 y 2.5%.

Fortalecen control fiscal y amplían Resico

San lázaro aprobó en lo particular la reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 322 votos a favor y 115 en contra.

El proyecto eleva de 3.5 a cinco millones de pesos anuales el límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), un esquema que facilita el cálculo y pago de impuestos.

También incorpora controles sobre deducciones y pérdidas fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal.

La propuesta, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforzar el combate a las empresas factureras y fortalecer la capacidad financiera del Estado.

El proyecto fue aprobado tras la discusión en lo particular por la mayoría legislativa, luego de que las reservas presentadas por diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fueran retiradas, no admitidas a discusión o desechadas.

Entre los principales cambios se encuentra el incremento del límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que pasará de 3.5 millones a cinco millones de pesos anuales, con el propósito de ampliar el margen de contribuyentes que pueden acogerse a este esquema.

La reforma también eleva de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Uno de los cambios centrales consiste en incorporar un capítulo a la Ley del ISR para establecer mecanismos de control sobre las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. El nuevo esquema estará dirigido a empresas que obtengan ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y determinen utilidad fiscal en el ejercicio correspondiente.

Para ello, se incorporan los artículos 78-A y 78-B, que establecen disposiciones relacionadas con el control y la limitación de las deducciones autorizadas.

Senado avala la modernización de ley catastral

El pleno del Senado aprobó una nueva ley para homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país, pese a las críticas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que advirtieron riesgos de centralización, invasión de facultades municipales, concentración de datos patrimoniales y posibles aumentos al impuesto predial.

Por su parte, Morena, PT y PVEM defendieron la reforma como una vía para dar certeza jurídica a la propiedad y combatir la corrupción.

El decreto de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral obtuvo 69 votos a favor y 32 en contra en lo general; y 68 a favor y 28 en contra en lo particular.

El senador del PVEM Gilberto Hernández Villafuerte sostuvo que homologar los procedimientos catastrales permitirá proteger el patrimonio familiar, simplificar trámites y reducir la discrecionalidad administrativa: “Un trámite más sencillo, transparente y accesible representa una forma de combatir la corrupción”.

La morenista Lizeth Vázquez Ochoa aseguró que la legislación ayudará a corregir inconsistencias, eliminar trámites duplicados y vincular la información física de los predios con los registros públicos de la propiedad. Aclaró que la clave catastral no constituye por sí misma prueba plena de propiedad ni convalida derechos sobre un inmueble.

La panista María Guadalupe Murguía advirtió que la federación podrá imponer obligaciones a estados y municipios mediante lineamientos y herramientas tecnológicas, además de concentrar la información catastral y registral:“Esto, además de significar un centralismo excesivo, de vulnerar el principio del federalismo, representa una grave concentración de información”.

Su compañera de bancada, Ivideliza Reyes Hernández, cuestionó que los ayuntamientos deban adaptar sus sistemas y conectarse a plataformas nacionales sin recibir recursos adicionales. También alertó que las comunidades rurales sin Internet tendrán dificultades para cumplir las nuevas disposiciones.

“Esto no es coordinación. Esto se llama centralización disfrazada de modernización… ¡Qué fácil resulta legislar desde un escritorio y mandarle la factura a los municipios!”, afirmó.

La priista Claudia Anaya Mota acusó una invasión de competencias municipales y cuestionó que no se consultara a las entidades federativas. También criticó la obligatoriedad de utilizar la Llave MX para trámites digitales, sin considerar las diferencias de infraestructura y conectividad y advirtió: “Están obligando a todo el país a meterse a una sola plataforma sin considerar la diversidad municipal, las carencias de muchos municipios y la amplia brecha digital”.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, en representación de Néstor Camarillo Medina, advirtió que la reforma podría tener efectos recaudatorios y afectar la economía familiar y citó un apartado del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que plantea actualizar los registros catastrales para acercar los valores de las propiedades a los del mercado inmobiliario:“Éste es un predialazo disfrazado de modernidad”, acusó al anunciar el rechazo de su bancada.

La ley contempla planes nacionales catastrales y registrales, plataformas digitales y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Tras su aprobación, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.