CDMX -

La acusación encendió las reacciones de la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), exigió la renuncia inmediata del gobernador y demandó que el Gobierno Federal se deslindara de Rocha Moya sin dilación.

“El Gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. Rocha no debe seguir siendo gobernador”, declaró Álvarez Máynez, quien señaló que el rigor con que las autoridades han actuado respecto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debía ser el parámetro de actuación en este caso.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que las acusaciones confirman que Morena es un “narcopartido” y exigió investigación a fondo y la detención inmediata de todos los involucrados.

“La violencia, el control territorial del narco y la impunidad no son casualidad, son consecuencia de un gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes. Morena no solo falló en garantizar la seguridad; es responsable del clima de violencia que hoy azota al país”, señaló el tricolor en un posicionamiento inicial.

El PRI afirmó además que Morena ganó elecciones con intimidación, dinero ilícito y estructuras criminales.

El Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que las imputaciones confirman una situación de dimensión institucional que desde hace tiempo había sido señalada, y calificó el caso como una crisis de Estado.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el partido en un comunicado fechado el 29 de abril de 2026.

El PAN subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad, y consideró que un gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con condiciones para garantizar la tranquilidad de las familias.

Por ello, el partido llamó al Senado de la República a evaluar de forma inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló. El PAN advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.

Desde las filas del oficialismo, el senador de Morena Saúl Monreal Ávila, legislador por Zacatecas, descartó que el Gobierno protegiera a los implicados. “Lo ha dicho nuestra Presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro país. Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la Marina. A todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar”, afirmó Monreal Ávila en el Patio del Federalismo.