CDMX.

El periodo gubernamental de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz consolidó una de las crisis humanitarias más graves para las infancias y adolescencias en la historia reciente del estado. De acuerdo con el balance final de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de alto impacto cometidos contra personas de 0 a 17 años registraron un incremento acumulado del 140% entre diciembre de 2018 y el cierre de su administración.

Las cifras oficiales revelan que la violencia letal, la desaparición forzada y el reclutamiento forzado por parte de células delictivas se normalizaron en el territorio veracruzano.

El desglose de los datos estadísticos sitúa a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en violencia de género y agresiones físicas contra este sector vulnerable de la población.

Un repunte sostenido en la opacidad

El incremento del 140% en las carpetas de investigación por agresiones graves hacia menores de edad evidencia el colapso de las políticas de prevención social del delito.

Activistas locales y defensores de derechos humanos señalan que el sexenio pasado se caracterizó por la omisión institucional y la falta de un presupuesto etiquetado de forma eficiente para la atención de las infancias.

A lo largo del mandato de García Jiménez, delitos específicos como las lesiones dolosas, el homicidio calificado y el feminicidio infantil mantuvieron una tendencia al alza. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que las fiscalías regionales operaron con un marcado rezago, lo que derivó en tasas de impunidad que superan el 95% en casos donde las víctimas son menores de edad.

Este entorno de desprotección jurídica facilitó la repetición de los patrones de violencia en las zonas prioritarias del estado.

Desaparición y feminicidio infantil: Las heridas abiertas

El panorama de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Veracruz alcanzó niveles alarmantes. Los municipios de la zona norte, como Poza Rica y Tuxpan, así como la región centro que abarca Córdoba, Orizaba y el puerto de Veracruz, concentraron la mayor cantidad de reportes de sustracción y extravío. Colectivos de búsqueda locales enfatizan que la mayoría de los casos vinculan de manera directa la operación de bandas del crimen organizado.

El feminicidio de menores de edad fue otra constante crítica.

Veracruz cerró de manera recurrente en el top tres nacional de este delito. Las víctimas, en su mayoría adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron violencia sexual previa a la pérdida de la vida, perpetrada tanto por familiares directos en entornos domésticos descompuestos como por agresores externos en la vía pública. La respuesta del aparato estatal consistió de forma reiterada en la revictimización de las familias y la lentitud en la activación de los protocolos de búsqueda inmediata, como la Alerta Amber.

Desplazamiento y orfandad por la violencia

Los efectos colaterales de la estrategia de seguridad pública del gobierno anterior no se limitaron a las agresiones directas. El recrudecimiento de las disputas entre cárteles en las zonas rurales de la sierra de Zongolica y las regiones colindantes con los estados de Oaxaca y Tabasco provocó un fenómeno de desplazamiento forzado interno que afectó a cientos de familias con hijos en edad escolar.

De igual forma, el incremento de homicidios dolosos de adultos dejó a miles de menores veracruzanos en situación de orfandad. La ausencia de un censo oficial por parte del Sistema DIF estatal impidió la creación de programas integrales de apoyo psicológico y económico para estos jóvenes. Sin tutela adecuada ni oportunidades de desarrollo, muchos de ellos quedaron expuestos al abandono escolar y a la captación por parte de redes delincuenciales que operan en la informalidad económica.

La herencia para la nueva administración

El incremento del 140% en la violencia contra menores constituye uno de los desafíos más urgentes y complejos para la administración actual de Veracruz. Los indicadores actuales demuestran que las estructuras de protección civil, los centros de justicia para mujeres y las procuradurías de la defensa del menor requieren de una reestructuración financiera, operativa y de personal profunda para revertir la inercia delictiva heredada.

Especialistas en seguridad y pedagogía social insisten en que la pacificación del estado no será viable si no se prioriza el rescate de los entornos escolares y familiares. La deuda histórica con las infancias de Veracruz se mantiene vigente, marcada por seis años de estadísticas oficiales que reflejan el dolor de las víctimas más indefensas de la entidad.