Por Jorge Ramón Rizzo*

El caso de Fernando Farías Laguna desentierra los fantasmas del sexenio pasado y pone al descubierto el arte de lo que yo llamaría "la negligencia calculada" y que el "huachicol fiscal mexicano" dejó de ser un asunto de ordeña local para convertirse en un lucrativo nodo del crimen organizado global, operado desde el corazón de las propias instituciones de seguridad del Estado. ¿Por qué digo lo anterior?

Pues resulta que los archivos oficiales revelan una reunión que hoy resulta indignante: El entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el eterno fiscal general, Alejandro Gertz Manero, charlando amigablemente sobre el contrabando de combustible como quien habla del clima.

La versión oficial dice que "no había pruebas suficientes" para actuar. La realidad que emana de los expedientes clasificados es mucho más turbia: Decidieron congelar la información. Si, como lo lee... Decidieron no tomar cartas en el asunto y hacer como si no pasara nada. Prefirieron el pacto de silencio y el resguardo de las carpetas antes que aceptar que la estructura naval estaba podrida por dentro.

El pretexto fue "no arriesgar la seguridad del país", pero el resultado fue blindar la impunidad de los suyos y tuvo que cambiar la administración federal para que la inteligencia naval decidiera hacer su trabajo y destapara un secreto a voces: El contrabando técnico en los recintos portuarios es una operación de precisión quirúrgica.

No estamos hablando de delincuentes improvisados ordeñando ductos en la clandestinidad de la noche, sino de una maquinaria burocrática criminal que opera a la luz del día mediante: Falsificación sistemática de pedimentos, simulación y alteración de fracciones arancelarias para evadir impuestos, descargas impunes en muelles no autorizados y compra descarada de las autoridades encargadas de la vigilancia.

Lo ocurrido en marzo de 2025 en los puertos de Tampico, Guaymas y Ensenada no fue un operativo rutinario; fue la confirmación de que el crimen organizado opera con el volumen y la logística de una multinacional; ya que el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos, buques-tanque y flotillas de transporte terrestre, fueron solo "la punta del iceberg".

Esta red del huachicol marítimo ha alcanzado una dimensión geopolítica que debería encender todas las alarmas. El combustible robado entra por las costas mexicanas en buques con banderas de conveniencia internacional, ya sea de Chipre, Islas Caimán, Singapur, ó Panamá, se legaliza mágicamente en nuestras aduanas gracias a firmas cómplices y se transporta por carretera hasta el corazón del país, como San Luis Potosí, para venderse en el mercado formal.

Una publicación informativa en el periódico 'Uno Más Uno' cita que un juez federal determinó vincular a proceso a Farías Laguna por su probable intervención en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmando naval permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de máxima seguridad, "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Y esa misma publicación revela que las investigaciones realizadas por elementos de la Fiscalía General de la República durante el sexenio 2018-2024 revelan que, el entonces secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, sostuvo una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que se habría expuesto de manera verbal información relacionada con posibles hechos vinculados al "huachicol fiscal".

De acuerdo con fuentes consultadas por la Secretaría de Marina, en ese momento no se formalizó algún tipo de denuncia ante la autoridad ministerial, debido a que no se contaba con elementos de prueba suficientes que permitieran sustentarla. Según denuncian las voces consultadas y los archivos registrados, se puede evidenciar que por el contrario, las carpetas de investigación reunían suficiente información clasificada que alertaba sobre el delito, pero aseguran que una vez más, como en otros casos, el fiscal general decidió resguardar la información seguro de que al destapar las investigaciones saldrían a la luz nombres de funcionarios marítimos que pondrían en entredicho la legalidad de sus funciones y arriesgarían la seguridad del país.

El caso de Farías Laguna es emblemático, pero no es el fin de la historia. Mientras las cabezas de las instituciones sigan apostando por el encubrimiento para "proteger la reputación de la corona", los puertos mexicanos seguirán siendo la gallina de los huevos de oro para las mafias de cuello blanco y estrellas en el hombro. La pregunta no es cuántos marinos más están involucrados, sino ¿Hasta dónde llegará la voluntad política para limpiar una casa que lleva años oliendo a combustible robado?

*Periodista/Tlaxcala