Puebla — A casi 21 años de la detención y tortura de Lydia Cacho, Alejandro Rocha Laureano, uno de los mandos policiales implicados en el caso, recuperó su libertad tras permanecer casi ocho años en prisión, periodo que superó la pena de cinco años y seis meses que le fue impuesta.
El Poder Judicial de Quintana Roo ordenó su excarcelación del penal de Cancún, luego de determinar que había cumplido la pena en exceso, pues permaneció en prisión desde diciembre de 2018, casi ocho años.
Según la información difundida, la defensa de Rocha Laureano descartó presentar una contrademanda contra Cacho, al argumentar que su representado pasó en prisión preventiva más tiempo del establecido en la sentencia.
Alejandro Rocha Laureano recuperó su libertad tras permanecer casi ocho años en prisión por el caso de Lydia Cacho.
Rocha Laureano fue detenido en diciembre de 2018 en Puebla por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando todavía se desempeñaba como agente activo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalaron por coordinar parte del operativo para trasladar a Cacho desde Cancún, Quintana Roo, hasta Puebla, después de su detención en diciembre de 2005. De acuerdo con las indagatorias, el exmando ordenó sustituir a los agentes que inicialmente estaban a cargo de la periodista.
Cacho fue detenida tras publicar el libro Los demonios del Edén, en el que documentó una red de explotación sexual infantil y señaló a empresarios y figuras públicas. Durante su traslado por carretera a Puebla denunció haber sufrido tortura y amenazas.
El caso derivó en investigaciones contra funcionarios y mandos policiales por su presunta participación en la detención arbitraria y las agresiones contra la periodista. Entre ellos se encuentra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Article 19 y la exigencia de justicia
La organización Article 19 ha acompañado las exigencias de justicia para Lydia Cacho y ha documentado la violencia contra periodistas como una amenaza a la libertad de expresión. El caso ha mantenido vigente el reclamo de que se investigue y sancione a quienes participaron en la detención arbitraria y las torturas denunciadas por la periodista.
