Por Dr. Lenin Torres Antonio

A la sociedad veracruzana y mexicana; a las universidades y centros de investigación; a académicos, intelectuales y especialistas; a organizaciones ciudadanas y comunitarias; a los poderes públicos y gobiernos municipales, estatales y federal; a los Congresos locales del poder legislativo, al Congreso Federal Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Presidencial, a quienes todos los días viven la inseguridad, la violencia y el miedo:

La muerte del diputado federal veracruzano Zenyazen Escobar García, localizado sin vida el 4 de septiembre dentro de su vehículo en la carretera federal Veracruz-Xalapa, con una herida producida por arma de fuego, constituye un acontecimiento doloroso que debe ser plenamente esclarecido. La Fiscalía General de la República ha atraído la investigación y corresponde a ella determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que, en su caso, procedan.

Pero su muerte no ocurre en un vacío, se inscribe en un mundo en el que la violencia se ha convertido en una presencia cotidiana y, en demasiados lugares, casi normalizada. Mientras escribo estas líneas, otros seres humanos son asesinados, desaparecidos, extorsionados, desplazados, secuestrados, violentados o despojados. Algunos casos ocuparán las primeras planas; la inmensa mayoría desaparecerá convertida en una cifra.

Las dimensiones del fenómeno obligan a detenernos. El último gran estudio mundial de homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó alrededor de 458 mil víctimas de homicidio intencional en un solo año, aproximadamente 1,255 seres humanos asesinados cada día, 52 cada hora: casi una persona cada minuto. Desde el año 2000, aproximadamente 9.5 millones de personas han perdido la vida por violencia homicida en el mundo.

Y si ampliamos la mirada más allá del homicidio, la dimensión de la violencia y las lesiones resulta todavía más estremecedora. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.4 millones de personas mueren cada año por lesiones y violencia, alrededor de 12 mil personas cada día. De esas muertes, aproximadamente 1.25 millones anuales corresponden a lesiones relacionadas con distintas formas de violencia; además, decenas de millones de personas sufren cada año lesiones no mortales que requieren atención médica y que pueden producir discapacidad temporal o permanente.

México forma parte de esta realidad. No necesitamos recurrir a una impresión subjetiva: el propio Estado mexicano publica diariamente un reporte preliminar de homicidios dolosos, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra oficialmente las carpetas de investigación y las víctimas de la incidencia delictiva nacional. Los datos de 2026 se actualizan mensualmente y, al corte oficial más reciente disponible, comprenden enero-julio.

Pero las estadísticas revelan solamente aquello que conseguimos registrar. Detrás de cada homicidio existe una víctima; detrás de ella, una familia; alrededor de esa familia, una comunidad; y detrás de muchos acontecimientos violentos existe una trama mucho más amplia de relaciones deterioradas, instituciones debilitadas, territorios abandonados, economías criminales, desigualdades, impunidad, miedo y pérdida de confianza.

Éste es precisamente el punto que debemos discutir.

Porque frente a esta persistencia histórica de la violencia hemos respondido, una y otra vez, fortaleciendo fundamentalmente las capacidades coercitivas del Estado: más policías, más armamento, mayor inteligencia criminal, más tecnología, mayor vigilancia, más presencia militar, penas mayores, nuevas tipificaciones penales y más capacidad penitenciaria.

No obstante, la pregunta fundamental permanece abierta: ¿por qué, después de haber aumentado durante décadas nuestra capacidad para perseguir, vigilar, detener y castigar, seguimos sin desarrollar una capacidad equivalente para comprender y transformar las condiciones que producen la violencia?

Tal vez hemos cometido un error de origen. Hemos construido buena parte de nuestra política de seguridad mirando el acontecimiento violento desde su final: aparece un delito, buscamos al delincuente; identificamos al responsable, lo detenemos; comprobamos su responsabilidad, lo castigamos y lo encerramos. El Estado interviene cuando la violencia ya consiguió producirse.

Pero ¿qué ocurrió antes?

¿Qué ocurrió en aquella familia, aquella escuela, aquella colonia, aquella comunidad, aquel municipio? ¿Qué relaciones se rompieron? ¿Qué instituciones desaparecieron o dejaron de funcionar? ¿Qué espacios fueron ocupados por economías criminales? ¿Qué ocurrió con la autoridad? ¿Dónde comenzó la impunidad?

¿En qué momento una organización criminal consiguió convertirse en una estructura de pertenencia, reconocimiento, empleo, protección o poder para quienes terminaron incorporándose a ella? La pregunta deja de ser retórica cuando observamos la magnitud del fenómeno. Una investigación publicada en la revista Science estimó que, para 2022 (y estamos hablando de hace 4 años), los cárteles mexicanos agrupaban entre 160 mil y 185 mil miembros activos, con una estimación central cercana a 175 mil personas. El dato resulta todavía más inquietante cuando se observa la dinámica necesaria para conservar semejante estructura: los investigadores calcularon que las organizaciones criminales necesitaban reclutar entre 350 y 370 nuevos integrantes cada semana para compensar las pérdidas ocasionadas por muertes, encarcelamientos y otros procesos de salida.

Esto significa aproximadamente 50 nuevos reclutas cada día. No estamos hablando, por tanto, de algunos individuos excepcionalmente desviados que un día deciden colocarse fuera de la sociedad. Estamos hablando de estructuras sociales capaces de incorporar continuamente seres humanos, asignarles funciones, producir jerarquías, generar ingresos, proporcionar pertenencia, imponer normas, administrar premios y castigos y, en determinados territorios, disputar al propio Estado capacidades de regulación y control.

El dato obliga a modificar radicalmente la pregunta sobre la seguridad. Si una organización criminal necesita reclutar centenares de personas cada semana para reproducirse, ¿de dónde salen esas personas? ¿Por qué existen territorios capaces de suministrarlas permanentemente? ¿Qué encuentran dentro de la organización criminal que no encontraron fuera de ella?

¿Ingreso?, ¿reconocimiento?, ¿identidad?, ¿pertenencia?, ¿protección?, ¿poder? ¿una expectativa de movilidad social?, ¿o simplemente una alternativa de supervivencia allí donde otras instituciones dejaron un vacío?

No existe una respuesta única, y sería un error romantizar el reclutamiento criminal: también existen coacción, amenazas, secuestro, explotación y reclutamiento forzado. Pero precisamente por ello el fenómeno no puede reducirse a una decisión individual abstraída de las relaciones sociales dentro de las cuales esa decisión -o esa imposibilidad de decidir- ocurre.

Aquí aparece uno de los límites más profundos del paradigma tradicional de seguridad. El Estado observa al individuo principalmente cuando éste ya ha ingresado en la organización criminal. Entonces lo identifica, investiga, persigue, detiene y encarcela. Pero mientras el Estado concentra enormes recursos en sacar individuos de las organizaciones criminales, esas mismas organizaciones continúan incorporando nuevos individuos.

El resultado puede convertirse en una paradoja: perseguimos personas sin intervenir suficientemente sobre los mecanismos territoriales que las producen como reemplazables dentro de la estructura criminal.

Y esto no es únicamente una hipótesis filosófica. El modelo publicado en Science llegó a una conclusión provocadora: aumentar exclusivamente la “incapacitación” -la remoción de integrantes mediante encarcelamiento u otros mecanismos- no necesariamente reduciría la violencia; sus simulaciones indican que reducir el reclutamiento tendría un efecto mucho mayor sobre el tamaño futuro de las organizaciones y sobre la violencia.

Éste es exactamente el lugar donde debemos atrevernos a cambiar de paradigma.

La pregunta tradicional es: ¿cómo sacamos más delincuentes de las calles?

El nuevo modelo agrega una pregunta anterior: ¿cómo conseguimos que nuestros territorios dejen de producir -o de entregar- centenares de seres humanos cada semana a las organizaciones criminales?

Y para responderla ya no bastan policías, armas, inteligencia criminal y cárceles. Necesitamos comprender las relaciones entre familia, escuela, comunidad, empleo, economía informal e ilegal, reconocimiento, expectativas de futuro, instituciones, impunidad, organizaciones criminales y territorio.

Ése es precisamente el terreno del Modelo de Seguridad Territorial y Ciudadana sustentado en la teoría del sujeto nodal.

Mientras el Estado se pregunta cómo detener delincuentes, deberíamos preguntarnos también cómo una sociedad puede producir cientos de nuevos reclutas para el crimen organizado cada semana.

Esas preguntas obligan a cambiar la unidad desde la cual pensamos la seguridad.

La muerte de Zenyazen Escobar debe ser investigada hasta conocer la verdad de lo sucedido y tampoco debemos permitir que la incertidumbre sobre las circunstancias particulares de su muerte nos impida formular una pregunta mucho mayor: ¿cuánto tiempo más vamos a seguir administrando la violencia sin atrevernos a discutir el modelo de seguridad desde el cual intentamos combatirla?

La muerte violenta, el homicidio, la desaparición, la extorsión, el miedo cotidiano, el dominio territorial de organizaciones criminales y la impunidad no comenzaron ayer. Tampoco pertenecen exclusivamente a Veracruz ni pueden atribuirse a un solo gobierno, partido político o periodo histórico. Son manifestaciones de una crisis acumulada del Estado mexicano y de su capacidad para garantizar condiciones elementales de convivencia.

Precisamente por eso necesitamos abandonar la comodidad de la acusación partidista, o hacer de la violencia y la muerte una estrategia política electoral.

Cuando un problema sobrevive a gobiernos de diferentes partidos, alternancias políticas, reformas legales, reorganizaciones policiacas, despliegues militares y sucesivas estrategias de seguridad, debemos considerar una posibilidad mucho más incómoda: quizá no solamente están fallando quienes administran el modelo; quizá está agotándose el propio modelo desde el cual concebimos la seguridad.

El paradigma que debemos discutir: la concepción moderna del Estado construyó una respuesta históricamente comprensible frente a la violencia: concentrar en el poder público el ejercicio legítimo de la fuerza para impedir que cada individuo resolviera sus conflictos mediante su propia violencia.

Esa conquista civilizatoria no debe abandonarse. Lo que debemos discutir es otra cosa: si de la necesaria regulación estatal de la fuerza terminamos construyendo una concepción de la seguridad excesivamente centralizada, coercitiva y punitiva.

Durante décadas hemos pensado la inseguridad mediante una representación elemental del conflicto social: existen quienes respetan la ley y quienes la transgreden; ciudadanos y delincuentes; buenos y malos. Identificado el delincuente, la respuesta parece evidente: policía, persecución, detención, proceso, castigo y cárcel.

Cuando esa estrategia resulta insuficiente, respondemos aumentando la misma medicina: más policías, más armas, más vigilancia, penas mayores, más cárceles,

más presencia militar, más centralización, como sino se pudiera pensar en otro modelo se seguridad, pese a observar, que el modelo actual punitivo y centralista hace aguas por doquier, y no tan sólo en México, o, que pareciera que el modelo que exacerba el castigo con mega cárceles y más estado de excepción que tira por la borda lo que hemos construido por más de 2000 años, la democracia, la libertad, el estado de derecho, las garantías individuales, etc., es la mejor opción, estoy hablando del modelo de Bukele en El Salvador.

Y después volvemos a preguntarnos por qué la violencia continúa reproduciéndose.

El problema no consiste en negar la necesidad de policías, fiscalías, tribunales, sanciones o cárceles. Una sociedad necesita instrumentos legítimos para contener conductas violentas y proteger a sus integrantes.

El problema consiste en confundir esos instrumentos con una teoría completa de la seguridad, dejando el estado de cosas en materia de seguridad en una falta de sincronización y desalineación, pues la cárcel interviene cuando una parte sustancial del proceso que produjo la violencia ya ocurrió, la policía generalmente aparece cuando el conflicto se manifestó, la fiscalía interviene cuando existe un posible delito, el tribunal determina responsabilidades después de los hechos.

Son instituciones indispensables, pero fundamentalmente reactivas y a destiempo.

La pregunta que debemos hacernos es anterior: ¿dónde y cómo se produce la seguridad antes de que intervenga la fuerza?

La seguridad no puede seguir pensándose únicamente desde el delincuente, pues nadie nace siendo delincuente, entre el nacimiento de una persona y el momento en que comete un delito existe una historia.

Hay familia o ausencia de ella. Hay comunidad. Escuela. Barrio. Trabajo o exclusión laboral. Reconocimiento o abandono. Adicciones. Violencia normalizada. Redes económicas legales e ilegales. Organizaciones criminales. Instituciones presentes o ausentes. Impunidad. Cultura. Expectativas. Territorio.

Esto no significa absolver a quien delinque, significa algo mucho más exigente: comprender aquello que produce socialmente las condiciones dentro de las cuales el delito se vuelve posible.

Un acto puede tener un autor individual sin poseer una causalidad exclusivamente individual. Por eso necesitamos abandonar la falsa alternativa entre responsabilizar al delincuente o responsabilizar a “la sociedad”. Podemos exigir responsabilidad individual y, simultáneamente, investigar y transformar las configuraciones sociales que producen sistemáticamente violencia.

Aquí se encuentra el punto de partida de otro paradigma, el de la seguridad coercitiva a la seguridad territorial, que hace tiempo he venido investigando.

El Modelo de Seguridad Territorial y Ciudadana no propone reforzar territorialmente el paradigma coercitivo existente. No consiste en aumentar policías, sofisticar armamento, ampliar la inteligencia criminal, multiplicar sistemas de vigilancia, construir más cárceles o incrementar las capacidades de fuerza del Estado. Todas esas herramientas pueden ser necesarias, pero continúan perteneciendo al paradigma existente. La propuesta consiste en cambiar el principio organizador de la seguridad: de la reacción coercitiva frente al individuo que delinque hacia la intervención sobre las configuraciones territoriales que producen seguridad o violencia.

Propongo abrir públicamente la discusión de un Modelo de Seguridad Territorial y Ciudadana construido sobre una hipótesis diferente: la seguridad no es solamente el resultado de la capacidad coercitiva del Estado; es una propiedad emergente de relaciones sociales suficientemente estables para hacer posible la convivencia.

La unidad básica de intervención deja entonces de ser exclusivamente el delincuente, y pasa a ser también el territorio y la red de relaciones que allí producen seguridad o inseguridad.

Familia, escuela, comunidad, policía, municipio, espacio público, economía local, instituciones, organizaciones ciudadanas, salud, cultura, mecanismos de mediación y sistemas de justicia dejan de funcionar como compartimentos separados y comienzan a comprenderse como nodos de una misma arquitectura territorial.

Esto cambia la pregunta, y ya no preguntamos solamente: ¿cómo perseguimos mejor al delincuente?

Preguntamos: ¿cómo construimos territorios capaces de producir convivencia y reducir las condiciones de reproducción de la violencia?

No significa sustituir al Estado, significa cambiar su escala de intervención, significa volver a pensar al Estado.

No significa renunciar al monopolio legítimo de la fuerza, significa comprender que la fuerza debe constituir el último recurso de la seguridad y no su fundamento cotidiano.

No significa debilitar la autoridad, significa construir una autoridad capaz de intervenir antes de que el deterioro de las relaciones sociales obligue permanentemente a recurrir a la coerción.

Y, sobre todo, significa comprender que existe una relación profunda entre seguridad y democracia.

Cuanto más incapaz resulta una sociedad de producir seguridad mediante convivencia, cooperación, reconocimiento, comunidad e instituciones eficaces, mayor es la tentación de producirla mediante vigilancia, coerción y fuerza.

Y cuanto más depende la seguridad exclusivamente de la fuerza, más vulnerable puede hacerse la libertad que precisamente pretendíamos proteger.

¡Veracruz podría iniciar la discusión!

Por eso esta carta no pretende presentar una teoría terminada ni reclamar la posesión de una verdad definitiva, pretende exactamente lo contrario: abrirla a contraste, y a lo que cada día estamos abandonado, al debate de las ideas.

Los convoco a pensar juntos otro modelo de seguridad, y no para comenzar por estar de acuerdo, sino para comenzar por contrastar.

Pongamos frente a frente ambos paradigmas.

El modelo predominantemente centralizado, coercitivo, reactivo y punitivo, y un modelo territorial, relacional, preventivo, comunitario y ciudadano, que tengo cuando menos un borrador terminando y su fundamento teórico redactado.

Preguntemos cuál de ellos explica mejor la producción de la violencia.

Cuál permite intervenir antes, cuál reduce impunidad, cuál fortalece comunidad, cuál protege mejor los derechos, cuál necesita menos violencia para producir seguridad, y sometamos ambas hipótesis a evidencia.

Si el modelo territorial que propongo está equivocado, la investigación deberá demostrarlo, pero si contiene elementos capaces de mejorar nuestra comprensión de la seguridad, entonces tenemos la responsabilidad pública de experimentarlo, medirlo y corregirlo.

Por eso Veracruz podría convertirse en un espacio de investigación y aplicación piloto de un nuevo paradigma de seguridad territorial.

No necesitamos otra ocurrencia gubernamental, necesitamos investigación, experimentación institucional, evaluación y participación ciudadana.

Una convocatoria para salir de la espiral, porque la muerte de cualquier ser humano debería interpelarnos. La muerte de una figura pública vuelve visible, por unos días, una vulnerabilidad que millones de mexicanos experimentan silenciosamente. Por eso no utilicemos la muerte de Zenyazen Escobar para otra batalla partidista, utilicemos este momento para hacernos una pregunta que llevamos demasiado tiempo posponiendo: ¿y si el problema no consiste solamente en que no hemos aplicado suficientemente el modelo de seguridad existente, sino en que no hemos sido capaces de imaginar otro?

México no puede responder indefinidamente a la violencia produciendo exclusivamente más capacidad de violencia.

La civilización consiste precisamente en lo contrario: construir instituciones y relaciones capaces de hacer cada vez menos necesaria la fuerza para garantizar la convivencia.

Si bien parece que ahora necesitamos más policías profesionales, más fiscalías eficaces, más terminar con la impunidad, pero quizás no nos hemos dado cuenta que necesitamos algo todavía anterior: sociedades capaces de producir seguridad.

Porque cuando una estrategia lleva décadas administrando una crisis que no consigue resolver, insistir exclusivamente en ella deja de ser perseverancia, puede convertirse en incapacidad para imaginar, como parece está ocurriendo.

Y quizá el primer acto verdaderamente revolucionario frente a la violencia sea precisamente éste: atrevernos a pensar la seguridad de otra manera.

Veracruz, México, septiembre de 2026